La situación podría asimilarse a esas películas de drama en las que algo grave acaba de pasar dentro de la casa, pero la imagen muestra que otra cosa más grave aun, que se está generando afuera, va a ocurrir muy pronto. La ficción juega con la realidad, y a veces la realidad juega a superar a la ficción. En la última semana, organizaciones empresarias dieron a conocer una estimación según la cual 16.500 pymes manufactureras desaparecieron en los primeros diez meses del gobierno de Javier Milei. Un promedio de 1650 por mes que se mantuvo incluso pasada la mitad del año. Casi en simultáneo, el ministro de Economía anunciaba con el título de «Importante» que, a partir de diciembre, se ampliará el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de 1000 a 3000 dólares por paquete, «dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas».
De un lado de la puerta, dentro de la casa, quienes sufren el drama, las pymes que ven desaparecer a otras pymes y saben que están en riesgo de ser la próxima, empiezan a convencerse de que, de parte del gobierno –del otro lado de la puerta, fuera de la casa– no vendrá una solución o una vía de salida. Al cointrario, se están pergeñando medidas que agravarán el escenario.
Porque, por más que el discurso oficial insista en lo meritorio que resulta desregular trámites, bajar cargas u obligaciones y reducir algunos impuestos, estos empresarios pymes saben que nada de eso le compensa una caída del 30, 50 u 80 por ciento en las ventas.
«Si tenés un bar con cinco mozos, y echás a dos porque no te entra nadie, y yo, desde el gobierno, te bajo Ingresos Brutos a cero, ¿vos volvés a contratar a los dos mozos?», le preguntó Emanuel Alvarez Agis a su entrevistador, quien le respondió: «No, ¿para qué? si no tengo clientes». «¿Ves? Tu problema no son los impuestos, tu problema es la caída del consumo», remató el economista.
Esto mismo se está reflejando en la realidad de muchos sectores pymes, ya sea en el rubro de la construcción, textiles, alimentos, o en el comercio y los servicios. Los impuestos «excesivos» suelen aparecer en cualquier conversación con empresarios como la principal queja, y apenas por debajo «los costos laborales» (indemnizaciones y aportes). Sin embargo, cualquier análisis estricto sobre las causas de la salida de la actividad (suspensiones temporarias o cierres definitivos) de las pymes, recién ubican aquellos dos factores (impuestos y costos laborales) en el sexto y quinto lugar en el orden de «cuáles son los que más lo afectaron».
¿Tan abajo? Sí. Y no es tan complicado verificar que el principal de los males para la actividad pyme, a lo largo del año, ha sido la caída de las ventas. En segundo lugar, con un nivel de impacto muy fuerte en los costos, ha sido el aumento de las tarifas. Casi no hay casos en los que estos dos factores no hayan sido los determinantes del cierre.
En tercer lugar, en cuanto a la importancia como impacto negativo, aparece el aumento de insumos básicos. En este caso, con impactos diferenciados por sector. En cuarto lugar, pero con tendencia a crecer como factor negativo, se ubica la apertura importadora. Recién detrás de los anteriores, rankean los costos laborales y los impuestos como factores agravantes para determinar un cierre.
Este ordenamiento de las causas de cierre sólo aparece en estudios reservados, tanto en el ámbito privado como en el público, pero no suelen darse a difusión. Es extraño, como lo es que las quejas empresarias hechas en público, le apuntan más a los impuestos y los costos laborales, que a las políticas oficiales de ingresos de la población que destruyen el mercado interno.
Este clima de «no protesta» le facilita al gobierno avanzar en la instalación de un modelo económico que, indiscutiblemente, excluye a las pymes, aunque no lo manifieste. Fuera de la discusión pública, e incluso del debate político, se asiste a un real colapso económico. Repasemos algunos rasgos del mismo.
El exterminio en las sombras
Por ser una actividad tan atomizada, es imposible tener cifras absolutamente certeras sobre la cantidad de establecimientos que cerrron este año. Los 16.500 casos que señalan entidades empresariales se refiere a las firmas empleadoras aportantes que quedaron inactivas ante el SIPA (registros del sistema previsional). Pero a ellas habría que sumar a otras pymes sin empleados registrados, ya porque se trate de empresas unipersonales o familiares, o bien porque no los declaran (en negro). Entre las primeras, en fuentes empresarias se señala que unas 10 mil unidades que funcionaban como kioscos o almacenes, cesaron en su actividad en estos meses.
Otro caso es el de las cadenas agroalimentarias. Un informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) alerta sobre el incremento de las importaciones de productos alimenticios y agroindustriales que se observa a partir de septiembre pasado. En un contexto de caída del consumo interno, el impacto de la desregulación de las importaciones, un dólar comercial planchado por la tablita de Milei y la reducción en diez puntos del impuesto PAIS, fue un aumento de ingresos al país en el rubro Alimentos y bebidas del 41 por ciento con relación a un año atrás.
Si esta tendencia se mantiene –y hay varias causas para suponerlo–, no habrá espacio para todos.
En algunos rubros ya se está verificando y desde antes de este último salto. En el sector de productores de cerdo, el año comenzó con 2500 establecimientos registrados en actividad. Más de 750 dejaron ya habían abandonado hacia mediados de año (junio/julio). Todos ellos, pymes, porque se trata de las unidades productivas que «no tienen espaldas para soportar seis meses, ni cuatro y en algunos casos ni dos, trabajando a pérdida», por una crisis en el mercado interno que, incluso, provocó una baja nominal de los precios (deflación). Sin protección ni compensaciones del gobierno nacional.
Consultores y expertos señalan que «si desaparecieron más de 700 establecimientos registrados, hay que contabilizar que en total, contando los no registrados, deben haber caído más de 2000».
En el mismo artículo de IDAA, firmado por Javier Preciado Patiño, se señala que «la corriente desregulatoria que lleva adelante el Gobierno Nacional aniquila mecanismos de preservación del trabajo argentino agroindustrial, como eran las Licencias No Automáticas para determinadas importaciones. En el caso del vino, por ejemplo, su eliminación lleva a que los grandes jugadores del negocio utilicen la amenaza de la importación para marcar el precio interno, en perjuicio del sector viñatero y pequeño bodeguero».
Como ya sucede con la yerba y su importación desde Brasil, grandes marcas nacionales venderán sus artículos con las etiquetas habituales, pero con el producto hecho en el extranjero. No desaparecen los grandes jugadores, pero sí sus pequeños y medianos proveedores. Aunque el público no lo registre y el gobierno nacional, obviamente, no lo cuente.