El Gobierno abrirá los sobres con las ofertas para la licitación de la Hidrovía del río Paraná, por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, el próximo 12 de febrero y espera terminar el proceso en los siguientes 45 días, antes de abril, a pesar del pataleo de algunas de las empresas más relevantes del sector como la belga DEME y la neerlandesa Rhode Nielsen, que piden suspender el proceso.
En el medio y tras hacerse eco de investigaciones periodísticas sobre un entramado de corrupción de funcionarios que venían de gestiones anteriores, el presidente Javier Milei oficializó la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la máxima autoridad reguladora de las vías navegables. “Se disolvió la AGP, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”, profundizó el vocero Manuel Adorni días atrás en Twitter.
Por ahora, el designado titular de la flamante agencia, Iñaki Arreseygor, no encontró pruebas de ese supuesto esquema de corrupción que en su entorno explican como un resultado natural de “60 años de capas geológicas”, aunque sus allegados aclaran que cualquier irregularidad será denunciada y que la SIGEN tendrá su propia dependencia, como en todos los organismos descentralizados.
El ANPYN absorbió la estructura de la AGP, el Ente Nacional de Control de la Vía Navegable (ECOVINA) y la subsecretaría de Puertos que controlaba Arreseygor desde julio pasado y dependía del secretario de Transporte Franco Mogetta. “Ahora tenemos un servicio jurídico propio que acelerará el proceso de licitación. No recibiremos aportes del Tesoro y el mandato es ser superavitarios”, explican funcionarios de la nueva área estatal, clave para asegurar el ingreso de divisas.
En el Gobierno no descartan nuevos cambios en el pliego, como el que extendió el plazo para presentar las ofertas, y la ampliación de estudios de impacto de dragado en Entre Ríos, como había requerido el gobernador Rogelio Frigerio. «Son aclaraciones normales en un proceso tan importante», minimizan.
Ex funcionario de María Eugenia Vidal y director por el Estado en la empresa Mirgor durante la gestión de Cambiemos, el nuevo jefe de ANPYN -un organismo descentralizado que depende de Economía- avanza con un plan de eficientización que incluye la reducción del 80% del personal que estaba asignado a la AGP.
De la subsecretaría ya fueron pasados a disponibilidad 364 empleados que tenían sus tareas duplicadas, según la nueva gestión.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que busca vender 400 inmuebles del Estado por mil millones de dólares ya se relame con el edificio que funcionó como sede de la AGP, cerca de Puerto Madero. Desde el Gobierno aseguran que otros inmuebles saldrán a la venta, pero no aclaran de cuáles se trata.
Cerca de Mauricio Macri objetan el proceso licitatorio de la Hidrovía, porque sugieren que el Gobierno quiere beneficiar al actual concesionario, la belga Jan de Nul. Sin embargo, sostienen que la nueva estructura más ágil y que concentre competencias es necesaria. “Nosotros también queríamos hacer ese cambio, pero no pudimos. Ahora hay que ver si la decisión es para cambiar de verdad o para que vuelvan los mismos de siempre, como pasó con el ARCA”, señalan cerca del ex presidente.
Los equipos técnicos de Macri apuntan que el pliego de la licitación de 3600 folios para el dragado y mantenimiento de la tercera vía navegable más larga del mundo tiene que haber sido diagramada por funcionarios y asesores con muy larga trayectoria en el Estado.
En los últimos días de diciembre, por mandato de Macri, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich cuestionó públicamente la licitación de la Hidrovía. «Parece hecha por otro gobierno. Va en contra de todo lo que predica Milei porque limita la competencia de mercado y generará sobrecostos a los que producen en nuestro país, encareciendo los precios de lo que consumimos acá y lo que exportamos al mundo», señaló el dirigente de la Fundación Pensar.
Diputados de la Coalición Cívica, además, denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez, al Gobierno por presunto direccionamiento de la obra pública.
En la intimidad, el equipo de Arreseygor sostiene que todas las objeciones que les hicieron desde las compañías dragueras se repiten porque las condiciones que pide el Gobierno son muy exigentes. “Es un contrato a 30 años demasiado redituable. Hay que exigir primera línea mundial. Pusimos la vara muy alta”, aseguran.
La Vía troncal del Paraná no es la única competencia del Anpyn que divide a los lugartenientes de Macri y de Milei. El Gobierno no tiene previsto cumplir en lo inmediato con el histórico reclamo de la Ciudad y traspasar el puerto porteño -que depende de la danesa Maersk y de Terminales Río de la Plata (Dubai Ports). Estudia, primero, la extensión de la concesión que prorrogó Alberto Fernández en 2023 por 3 años con opción a otros tres. El Gobierno evalúa posibles irregularidades e incumplimientos mientras piensa en re-licitarlo antes de transferirlo a la Capital.