Luego de que a partir del 5 de marzo de este año, el gobierno provincial inició la quita de teléfonos celulares a presos dentro de las cárceles provinciales, desde la Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de frenar dicha restricción.
También solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4033-J, que regula este accionar, y una medida cautelar que suspenda su aplicación. Cabe mencionar que la norma fue aprobada el año pasado por la Legislatura provincial, luego de un profundo debate.
«La utilización de celulares por parte de los reclusos se vincula con estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la comunicación, la dignidad de las personas privadas de libertad y la reinserción social», señalan ambos organismos.
Y argumentan que: «El uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a fortalecer los vínculos familiares, prevenir casos de torturas y malos tratos, y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo».
El documento lleva la firma de la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, y la presidenta del Comité, Bashé Charole.