El gobierno de Javier Milei justificó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema en la demora del Senado para aprobar o rechazar sus pliegos y en las eventuales complicaciones que tendría el máximo tribunal para funcionar con dos vacantes, dos argumentos con los que ahora se prepara para enfrentar una avalancha de críticas tanto políticas como judiciales.
Tras anunciar la firma del decreto, que será publicado este miércoles en el Boletín Oficial, fuentes de la Casa Rosada remarcaron que la decisión del Presidente se funda en la necesidad de que la cabeza del Poder Judicial «funcione con cinco miembros, como establece la ley».
En efecto, tras la jubilación de Elena Highton en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado el máximo tribunal quedó integrado solo por su presidente, Horacio Rosatti, el vice, Carlos Rosenkrantz, y el histórico juez supremo Ricardo Lorenzetti, quien por si fuera poco está abiertamente enfrentado con los otros dos.
¿Cuál es la estrategia de Javier Milei para enfrentar posible resistencia de la Corte Suprema?
En diciembre, Rosatti, Rosenkrantz y el saliente Maqueda establecieron un mecanismo de sorteo entre camaristas para designarlos como conjueces en la Corte cuando no hubiera mayoría en los fallos.
Con ello se anticiparon a la salida del más veterano de ellos e intentaron además enviar una señal al Ejecutivo de que el tribunal podría seguir funcionando con tres miembros. Ya se conocía la dificultad del Gobierno para aprobar los pliegos de Lijo y Mansilla en el Senado y la intención de nombrarlos por decreto.
«Ese es un mecanismo de emergencia. No es un mecanismo sustentable en el tiempo. La Corte tiene que funcionar con cinco jueces», señalaron fuentes cercanas a Milei ante la prensa acreditada en la Rosada, entre ellos iProfesional.
Este será en adelante uno de los argumentos centrales del Gobierno para defender la polémica medida, principalmente ante la posibilidad de que Rosatti no les tome juramento a Lijo y Mansilla hasta que el Senado se pronuncie, una opción que empezo a circular con fuerza en los últimos días.
Dentro de la estrategia que diseñó la Casa Rosada también está contemplado este riesgo, al cual pretenden enfrentar con una discusión jurídica alrededor del mismo artículo de la Constitución al que apelaron para nombrar a Lijo y García Mansilla por decreto.
Se trata del artículo 99, inciso 19, que establece que el Poder Ejecutivo «puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura».
Pelea de interpretaciones: ¿se puede frustrar la llegada de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla?
Los operadores políticos de Milei aseguran que la Corte no puede negarse a tomarles juramento a Lijo y García Mansilla. «No tiene más remedio. La Constitución dice que debe tomar juramento, no dice que ‘podrá’, porque si pudieran rechazarlo, entonces ellos pondrían a los jueces y no el Presidente», advirtió uno de ellos ante este medio.
En efecto, la Constitución marca que la Corte tomará juramento a los jueces y no les da la opción de elegir, pero el artículo puntual al que apeló el Gobierno para justificar el decreto ni siquiera menciona a los magistrados del máximo tribunal, sino que habla solo de «empleos que requieran acuerdo del Senado».
Varios legisladores de la oposición —que salieron a criticar a coro la decisión de Milei— interpretan que ese artículo de la carta magna se refiere a cargos que dependen del Poder Ejecutivo y no a los jueces del máximo tribunal, que es otro poder. Allí habrá una esgrima de argumentos jurídicos e interpretaciones constitucionales.
No obstante, los libertarios usarán la misma interpretación para discutir con los senadores que intenten rechazar los pliegos y así frustrar la jugada de Milei de completar la Corte por decreto.
El artículo 99 de la Constitución señala que quienes sean designados en comisión durarán en el cargo hasta «el fin de la próxima legislatura», es decir, hasta que concluya el próximo período de sesiones ordinarias del Congreso, el 30 de noviembre. El Gobierno afirma que aunque el Senado rechace los pliegos, Lijo y García Mansilla se quedarán hasta esa fecha.
«Pueden no aceptarlos, pero siguen siendo jueces hasta fin de año. Hasta el 30 de noviembre se quedan en la Corte, pase lo que pase, lloren, pataleen o griten», advirtió uno de los operadores de La Libertad Avanza, que ya se prepara para la disputa que le espera al Gobierno, especialmente en el Congreso.
Los argumentos oficiales del Gobierno: qué dice el comunicado
En tanto, el comunicado de la Oficina del Presidente que confirmó la decisión de ir por la vía del decreto buscó remarcar que el Gobierno hizo todo lo posible por cumplir con el procedimiento de buscar el acuerdo del Senado para nombrar a Lijo y Mansilla y, sin mencionar que nunca lograron reunir la mayoría requerida de dos tercios, apuntaron contra la demora en tratar los pliegos.
«No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el Presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado», resaltó el comunicado.
Seguidamente, el Gobierno señaló que «habiendo transcurrido casi un año desde el momento en el que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo», y agregó: «Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo».
«El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales (…) En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente con base en preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas», disparó el comunicado oficial.
Por otro lado, señaló que «una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos», pero «durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República».
Con esos argumentos, el Gobierno justificó oficialmente el decreto con el que Milei designó a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema y recurrió a su manual clásico al advertir que «no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino». De esta manera culpó el Senado por la decisión y preparó el terreno para la pelea que viene.