Un informe acerca de Argentina del sitio especializado en crimen organizado, insightcrime.org, pone en blanco sobre negro la situación actual del país con respecto a la mayor amenaza a la democracia occidental que representan los cárteles de drogas y trata de personas.
«A pesar del prominente papel de Argentina como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas, el país no padece los altos niveles de violencia que afectan a otros países latinoamericanos. Aun así, la corrupción profundamente arraigada en varias ramas del Gobierno ha fomentado la criminalidad de manera persistente en el segundo país más grande de Sudamérica», señala el informe.
La radiografía de la situación nacional continúa afirmando: «Argentina no tiene grupos criminales propios con alcance internacional, pero las organizaciones criminales transnacionales han llevado a cabo durante mucho tiempo varios tipos de actividades ilícitas en el país. Además, hay indicios de que los grupos criminales del país han desarrollado lazos con actores transnacionales -aunque todavía relativamente a pequeña escala- y están creciendo en sofisticación y capacidad para ejercer violencia».
En este contexto, la reciente amenaza narco contra Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, «grabada en un vídeo de mala calidad pero que no puede dejar de tomarse en serio», según el experto en seguridad pública, Jorge Luis Vidal, produjo que los funcionarios de la Casa Rosada decidieran impulsar durante las sesiones extraordinarias del Congreso el paquete de leyes que cambia Códigos y que se denomina «Antimafia».
Un texto, aprobado en Diputados y resistido en el Senado por legisladores que responden al peronismo cercano a Cristina Kirchner que promueve abordar de manera integral el crimen organizado con cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, estableciendo que aquel que «tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita», por su mera pertenencia a una organización delictiva, será reprimido «con reclusión o prisión de 8 a 20 años».
El texto aprobado en Diputados introduce la figura de la asociación ilícita con carácter especial, lo que habilita a que quienes integren estos grupos delictivos puedan recibir la pena máxima del delito más grave que cualquier otro miembro de la organización haya cometido, con independencia de su rol en ese hecho. Y, permite que «aun sin condena», y a pedido de la autoridad judicial, se pueda «decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades ilícitas».
Este último punto generó numerosas controversias en Diputados. Sin embargo, la difusión del video de parte de las propias autoriades nacionales servirá como impulso para intentar avanzar con una ley que tienen muchos puntos de contacto con la normativa que utilizó Rudolph Giuliani, entre otros, para restarles poder a los clanes mafiosos italianos, amos y señores de la Nueva York de los 70 y ’80 del siglo pasado.
Porque Patricia Bullrich quiere contar con esta herramienta para terminar con los clanes del narcotráfico y apuesta por una antimafia que le permita reforzar lo actuado hasta el momento para reducir los índices de violencia en Rosario y mantener el control en las prisiones que evita, entre otras cosas, la infiltración de las poderosas bandas de narcotráfico de Brasil.
«Una ley similar a la ley RICO norteamericana»
Hace casi un año, en vísperas de Navidad, la ministra Patricia Bullrich expresó, «Vamos a trabajar en una ley similar a la Ley RICO norteamericana», al tiempo que aclaró: «Se trata de una ley que hace que cuando uno sabe perfectamente que una persona pertenece a una organización, el delito recae sobre todos sus miembros».
Se trató de un párrafo de anuncios, entre varias medidas legales, como analizar la ley de seguridad interior, para permitir al ejército actuar en el territorio nacional ante situaciones de crisis, y anuncios de refuerzos de personal de Gendarmería para destinar a las calles de Rosario, como el grupo motorizado «Los Linces».
Lo primero que hay que decir es que la Ley RICO es una amplia base legal, cuyo acrónimo significa, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, sancionada por Richard Nixon e implementada por el, entonces, fiscal, Rudolph Giuliani y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.
En la lucha contra las operaciones de la mafia en Nueva York, hubo un antes y un después de la aplicación de la Ley RICO.
Antes, el FBI, la Justicia y el fiscal perdían por goleada contra los integrantes de la Cosa Nostra americana. Sencillamente, los mafiosos estaban siempre un paso por delante de las autoridades y, si bien se detenían algunos «soldados» y, unos pocos «lugartenientes» de los capos, las operaciones seguían y los grandes mafiosos eran intocables.
Ante el descontrol de la vida diaria en «la gran manzana» en la década del ’70, atestiguada por una gran cantidad de enormes cineastas de esa época y por la crónicas de los medios neoyorkinos, los políticos de Washington D.C. recordaron que el profesor Robert Blakey continuaba enseñando leyes en la Universidad de Cornell y que había sido el propio académico el creador de la norma federal.
Se organizaron algunos cursos para los investigadores del FBI que no conocían el poder que tendrían al aplicar esta ley en sus investigaciones. Fueron dictados por el propio Blakey que en el documental «Ciudad del Miedo, Nueva York vs. la Mafia» de Netflix, rememoró: «En ese momento, el FBI no tenía éxito. Pero ya teníamos las herramientas perfectas para acabar con la mafia. La ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, conocida comúnmente como RICO, fue una ley que escribí en 1970 para desmantelar las mafias, incluyendo a los jefes. El FBI tuvo esa ley 10 años y no sabía cómo usarla. Entonces pensé en ofrecer un curso de entrenamiento«.
Para los jefes del FBI en el terreno, se trato de una revelación porque, según recordó el supervisor de los federales, Jim Kosller, «Nueva York estaba en manos de la mafia, el gobierno no podía controlar mucho y la gente no creía que la policía pudiera hacer algo con la mafia, iban a estar ahí por siempre».
Algunas de estas declaraciones podrían extrapolarse a la actualidad rosarina y al pensamiento profundo de sus habitantes. Y, si bien, el poder de los mafiosos neoyorkinos no puede compararse ni por casualidad con los clanes que utilizan desclasados para el narcomenudeo y el sicariato, si se viven días de tragedia por el aumento y la difusión de las armas letales entre los grupos en pugna.
El agente Kosller relata su experiencia contra los mafiosos narcos que proveían de cocaína y heroína a los habitantes de Nueva York y explicó como terminó con el reinado del terror de los violentos.
«En marzo de 1979, mi jefe nos envió a un seminario en la Escuela de Derecho de Cornell sobre problemas con el crimen organizado. Era una semana alejados de nuestras familias. No entendía cuál era el beneficio para mí, para nadie. Fui contra mi voluntad, pero resultó que lo cambió todo. ¿Por qué la Ley RICO? Deben saber qué teníamos, antes de la Ley RICO. Antes de la Ley RICO, podíamos arrestar a los soldados de las familias por delitos como extorsión, asesinato, venta de drogas, pero no teníamos forma de vincular a los soldados con el jefe», sostiene.
El profesor Blakey los orientó en su accionar: «Les decía, tienen que derribar la organización, y no derribarán la organización si no se concentran en ella. Al establecer a las personas como jefes y miembros de la organización, ahora están vinculadas. Gracias a la Ley Rico podían condenar a una persona por haberle ordenado a otra que cometiera un crimen. Así se podía procesar a un grupo de personas por cometer los crímenes en conjunto. Así podías ir contra toda la organización. Deben poder probar que este crimen estuvo relacionado con una organización que se dedica a estos actos. Deben procesar a los mafiosos no como personas individuales, sino como un grupo de personas que comete crímenes como negocio».
Trasplantar esta ley norteamericana en el ambiente normativo argentino será un desafío mayúsculo para los asesores de Patricia Bullrich, pero es la propia ministra la que tiene el visto bueno del Presidente Javier Milei para avanzar con una herramienta legal que puede derribar cualquier organización de narcomenudeo en cualquier provincia nacional.
«La ley RICO es una base jurídica para combatir y condenar actividades delictivas»
Jorge Luis Vidal es experto en seguridad e iProfesional le consultó acerca de ciertas características compartidas entre la Ley RICO estadounidense y el delito penal tipificado como asociación ilícita.
Para Vidal, «la Ley RICO es una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado». «No olvides que en EE.UU. les interesa combatir más todo el delito de activos de esas organizaciones, y no tanto las consecuencias del delito mismo, extorsión, amenazas, robos u homicidios, que esas mismas organizaciones puedan ocasionar», detalla.
Vidal agregó: «Las grandes victorias contra los sindicatos corruptos de Estados Unidos y las mafias de todo tipo fueron por el lado del tesoro. En Argentina tenemos la asociación ilícita, pero no está tan atada a temas de mafia u organizaciones y redes mafiosas o crimen organizado transnacional».
Lo que la historia reciente demuestra es que el poder de la poderosa mafia ítalo-estadounidense se desmoronó al aplicarse este corpus legal, pero, además, esta norma federal fue reglamentada en los distintos estados norteamericanos y, en algunos casos, la ley se volvió más estricta y posibilitó que se la utilizara más allá del ámbito del crimen organizado.
Con la ley RICO en la mano, los demócratas de Georgia, lograron que un gran jurado acusara a Donald Trump y, a otros 18 de sus partidarios, de conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial en ese estado, en el que Trump perdió por poco menos de 12.000 votos contra Joe Biden. Paradójicamente, su abogado defensor es Rudolph Giuliani que también ha sido objeto de controversias judiciales y al que se lo acusa bajo la ley RICO.
Otro caso importante donde se utilizó esta plataforma legal fue la investigación contra las autoridades de la FIFA. A fines de 2017, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto de 14 dirigentes de la FIFA de ese entonces, bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde Estados Unidos, donde además recibían los pagos por actividades corruptas.
Acaso un punto a dilucidar será si los miembros de la política nacional estarán dispuestos a sancionar una ley que, en el corto plazo podrá ir contra los clanes del narcomenudeo en los grandes conurbanos de las ciudades argentinas pero, en el largo plazo, podría utilizarse para desenmascarar otros ilícitos que comprometerían otros intereses.